Según lo establecido en la Ley Electoral, la nulidad de actas o de escrutinios electorales no es automática ni arbitraria.
En medio de la actual incertidumbre poselectoral tras las elecciones generales del 30 de noviembre, distintos actores políticos han activado mecanismos legales contemplados en la legislación hondureña para cuestionar resultados de actas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Según lo establecido en la Ley Electoral, la nulidad de actas o de escrutinios electorales no es automática ni arbitraria: requiere la presentación de una acción formal, motivada y sustentada en causales específicas y evidencias claras que demuestren irregularidades que vulneren la voluntad popular expresada en las urnas.
Base legal para la impugnación
El artículo 298 de la Ley Electoral contempla la “acción de nulidad administrativa de los escrutinios practicados por las Juntas Receptoras de Votos (JRV)”, lo que habilita a los partidos políticos y candidatos a solicitar ante el CNE que determinados escrutinios sean anulados cuando existan pruebas de que hubo violaciones a los procedimientos legales durante el conteo en una JRV específica.
La legislación no permite, de forma automática, la anulación general de todas las actas o de toda la elección sin que se acredite una causal objetiva y concreta y que se sigan los procedimientos legales previstos.
Plazos y presentación de recursos
Tras la conclusión de la jornada electoral, el CNE anunció la extensión de los plazos legales para que los partidos políticos y candidaturas independientes presenten recursos de nulidad administrativa y solicitudes de recuento especial de actas ante el ente rector del proceso electoral.
Esta medida fue adoptada debido a las demoras en el procesamiento de resultados y fallas técnicas en el sistema de transmisión de datos, que generaron desconfianza entre observadores y participantes electorales.
La extensión de plazos fue hasta el 8 de diciembre y busca garantizar que las partes puedan ejercer sus derechos de impugnación en tiempo oportuno, siempre dentro del marco legal que rige los procesos de escrutinio y revisión.
Requisitos de la acción de nulidad
Para proceder con una solicitud de nulidad, la parte interesada debe:
- Presentar una acción administrativa por escrito ante el CNE, describiendo de forma detallada las irregularidades observadas en una o varias actas.
- Acompañar la solicitud con evidencia documental o técnica que respalde la existencia de violaciones claras al procedimiento establecido por la Ley Electoral.
- Ajustarse a las causales objetivas previstas por la normativa, que incluyen alteraciones en la práctica del escrutinio o irregularidades graves que afecten el resultado en una mesa electoral específica.
Alcances y límites de la nulidad
Autoridades electorales han señalado que la Ley Electoral de Honduras no contempla un recuento general “voto por voto” sin la acreditación de causas legales concretas y comprobadas.
Los recuentos o nulidades proceden únicamente cuando existe evidencia de inconsistencias específicas en ciertas actas, y cada caso debe ser evaluado de manera individual por el órgano electoral.
Esto significa que, aunque partidos como Libertad y Refundación (Libre) han presentado recursos pidiendo la nulidad de miles de escrutinios a nivel presidencial, la aplicación de tales recursos depende de la valoración probatoria y de los fundamentos legales que los respalden conforme a la ley.
Partido Nacional anuncia acciones legales contra escrutadores que anulan votos y actas
De forma paralela al desarrollo del escrutinio especial, el Partido Nacional anunció que iniciará acciones legales contra escrutadores que, según su denuncia, están anulando actas y votos de manera irregular.
El jefe de bancada nacionalista, Tomás Zambrano, advirtió que poner actas en cero sin sustento legal constituye un delito y aseguró que acudirán a las instancias correspondientes para defender los votos obtenidos por su candidato.
La dirigencia nacionalista sostuvo que estas acciones buscan evitar la alteración de resultados y garantizar que cada voto emitido por los hondureños sea respetado conforme a la ley electoral.
