Un juez reprogramó la lectura para febrero de 2026 tras aceptar los alegatos médicos de la defensa, que expuso un deterioro neurocognitivo derivado de un derrame cerebral.
La sentencia de Francisco Cosenza no llegará este año. La juez Jacqueline Becerra resolvió reprogramar la lectura del fallo contra el exdirector de la Tasa de Seguridad en Honduras hasta febrero de 2026.
Así extendió el tiempo de incertidumbre en uno de los casos más sensibles vinculados al manejo de la Tasa de Seguridad Poblacional en Honduras.
La decisión se produjo luego de que la defensa argumentara que el exfuncionario hondureño atraviesa una condición médica delicada tras sufrir un derrame cerebral, lo que, según expusieron, limita sus capacidades neurocognitivas y su movilidad.
Cosenza: el informe médico que detuvo el proceso
De acuerdo con el documento presentado ante el tribunal, los abogados de Cosenza informaron que iniciaron contacto con un especialista en neuropsicología para elaborar un informe clínico que detalle el estado de salud del acusado.
Para ello, solicitaron autorización judicial para disponer de tres mil dólares, fondos destinados a la contratación del experto y a la realización de los exámenes necesarios.
La defensa sostuvo que estas evaluaciones son clave para establecer con precisión el impacto del deterioro neurocognitivo que presenta su defendido.
Estos argumentos llevaron al juez a aceptar la petición de reprogramar la sentencia de Cosenza, inicialmente por un período de tres meses, que finalmente quedó fijado para febrero de 2026.
De funcionario clave a acusado federal
La postergación no altera un hecho central del caso: Francisco Cosenza ya se declaró culpable ante un juez de la Corte del Distrito Sur de Florida.
Cosenza, de 66 años, fue extraditado a Estados Unidos el 4 de abril de 2024 para enfrentar cargos de conspiración vinculados al lavado de activos.
Las acusaciones se centran en presuntos sobornos cometidos mientras dirigía la institución encargada de administrar la Tasa de Seguridad.
El giro tras negar las acusaciones
Meses antes de admitir su responsabilidad, el exfuncionario rechazó los señalamientos. En diciembre de 2024, sostuvo que su papel era estrictamente administrativo y que actuó bajo órdenes, una postura que marcó su primera línea de defensa.
Sin embargo, ese discurso cambió. Al declararse culpable, la sentencia de Cosenza quedó sujeta a un posible castigo de hasta 10 años de prisión, según lo informado tras su comparecencia ante la corte federal.
El esquema de sobornos bajo la lupa
La Fiscalía estadounidense sostiene que Cosenza participó en un esquema de sobornos y lavado de activos mediante la adjudicación irregular de contratos para la fabricación de uniformes policiales a un empresario estadounidense.
En el mismo expediente figura Juan Ramón Molina, hondureño, implicado también en ese esquema de sobornos.
El caso reveló el carácter transnacional de la investigación y el alcance del esquema denunciado.
La sentencia de Cosenza, ahora programada para febrero de 2026, se convierte en un punto de espera que combina salud, justicia y responsabilidad penal.
Aunque la culpabilidad ya se admitió, el fallo definitivo sigue pendiente. El reloj judicial se detuvo, pero el caso permanece abierto, a la espera de que el tribunal ponga el punto final a una historia marcada por sobornos, poder y rendición de cuentas.
