Tres magistrados de la Sala de lo Constitucional están a favor del amparo, mientras que aún faltan las decisiones de dos magistrados.
El presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Gustavo Solórzano, informó este lunes que la Sala de lo Constitucional aún no ha emitido resolución sobre la admisión del amparo que presentó contra el estado de excepción aprobado mediante el decreto ejecutivo PCM-37-2025. En el recurso de amparo, se pide la suspensión del acto reclamado, mientras se resuelve el escrito.
La medida abre la posibilidad de revisar la legalidad y los límites de una medida que ha generado controversia en pleno proceso electoral.
¿Cuántos magistrados se manifiestan a favor del amparo para la suspensión del estado de excepción?
Solórzano explicó que aún no recibe la notificación oficial, pero confirmó que los magistrados, Isabela Bustillo, Luis Fernando Padilla y Francisca Villeda, están a favor de admitir su recurso.
Recordó que el amparo es una acción destinada a proteger derechos vulnerados por actos del Estado y que, aunque su efecto normalmente es individual, solicitó que se aplique Erga Omnes, para beneficiar a toda la población afectada en los 226 municipios donde rige la medida.
En declaraciones a tunota.com el abogado señaló que todavía faltan los votos de los magistrados Sonia Marlina Dubón y Wagner Vallecillo , cuyos pronunciamientos serán determinantes.
“Hemos sido respetuosos de la institucionalidad. Este tipo de asuntos deben resolverse en los tribunales y no en el ruido mediático”, argumentó.
El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, explicó que si la resolución se toma por mayoría, el recurso pasará al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tal como lo establece la ley.
“No podemos ir a elecciones bajo un estado de excepción”
Sobre el impacto en el proceso electoral del 30 de noviembre, Solórzano fue contundente: “No podemos ir a elecciones bajo un estado de excepción. Eso atenta contra nuestros derechos políticos”.
Explicó que la suspensión de garantías como la libertad de circulación, expresión, reunión y la inviolabilidad del domicilio son derechos transversales que inciden directamente en un proceso democrático.
El presidente del CAH insistió en que mantener esta medida durante las elecciones podría generar dudas sobre la legitimidad de los resultados y abrir espacios para impugnaciones.
Además, cuestionó la falta de ratificación de los decretos de excepción por parte del Congreso Nacional, lo que, a su criterio, evidencia un problema grave de institucionalidad.
Solórzano pidió que el trámite del amparo se maneje con urgencia y no quede “engavetado”.
Aseguró que su propósito es proteger a los más de seis millones de hondureños habilitados para votar y garantizar que los comicios se desarrollen bajo pleno respeto a la Constitución.
“Confío en que la Sala de lo Constitucional reconocerá que este decreto violenta derechos fundamentales”, concluyó.
