A Crivelli se le acusa por el caso del mercado ‘El Ceibón’, proyecto que nunca se ejecutó y para el cual se solicitó un millonario préstamo.
La Corte de Apelaciones en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción revocó este viernes las medidas distintas a la detención judicial que habían beneficiado al exalcalde de Choloma, Leopoldo Eugenio Crivelli Durant, y ordenó que regrese a prisión preventiva por su implicación en el fallido proyecto del Mercado ‘El Ceibón’.
La resolución también confirma el auto de formal procesamiento contra Carlos Noé Ramírez Araque, expresidente ejecutivo de Banadesa, y Raúl Antonio Herrera Rodríguez, exgerente de fideicomisos de la misma institución. Los tres enfrentarán el proceso penal privados de libertad.
Según el Ministerio Público, a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), los imputados habrían participado en un esquema de corrupción para obtener préstamos millonarios y administrar fondos públicos sin controles, en perjuicio directo de más de 270 vendedores ambulantes que esperaban un mercado digno para trabajar.
Caso de mercado ‘El Ceibón’
El caso se remonta a 2015, cuando la Corporación Municipal de Choloma aprobó la construcción del mercado ‘El Ceibón’, proyecto que representaba esperanza para cientos de locatarios.
Sin embargo, las investigaciones revelan que la administración de Crivelli, junto con el empresario Julio César Maldonado Hernández, gestionó un préstamo de 35.6 millones de lempiras ante Banadesa, operación que habría contado con la complicidad de autoridades bancarias que omitieron los procedimientos legales.
Los fondos, según el requerimiento fiscal, no fueron utilizados para la construcción del mercado, sino desviados a gastos personales, pagos de apartamentos, transferencias privadas y tarjetas de crédito, mientras la empresa SURCO administraba el dinero sin ningún tipo de control.
El resultado fue un “edificio a medio construir, totalmente inhumano y sin condiciones dignas”, que nunca cumplió con las necesidades de los vendedores.
Peor aún, los responsables gestionaron un segundo financiamiento, elevando la deuda a 55.4 millones de lempiras, monto que ahora pesa sobre los propios vendedores, quienes además quedaron reportados como morosos en la central de riesgos.
Con la decisión de la Corte, los tres imputados deberán seguir el proceso desde prisión, mientras el Ministerio Público continúa avanzando en uno de los casos de corrupción municipal más sensibles para la zona norte del país.
