Con el reloj corriendo hacia el 30 de diciembre, el analista político Javier García advierte que la falta de una declaratoria oficial del CNE abriría escenarios legales que trasladan la crisis fuera del órgano electoral.
El tiempo dejó de ser un dato administrativo y se convirtió en presión política. A menos de que ocurra un giro inesperado, el Consejo Nacional Electoral (CNE), enfrenta un escenario límite: emitir o no la declaratoria electoral antes del 30 de diciembre, el plazo máximo que establece la ley, 30 días después de las elecciones del 30 de noviembre.
Para el analista político Javier García, el problema no es solo la fecha, sino todo lo que aún está pendiente.
El escrutinio especial sigue en marcha y, una vez concluido, deberá abrirse la etapa de impugnaciones, lo que hace que el calendario legal sea “extremadamente ajustado”.
El riesgo, advierte, es claro: si el CNE no logra cerrar el proceso a tiempo, el país entra en una zona de indefinición jurídica.
La apuesta central sigue siendo una sola: que los consejeros del CNE emitan la declaratoria oficial y cierren el proceso conforme a la ley.
Ese es el escenario deseable, el que daría certidumbre al país y permitiría pasar la página de la incertidumbre postelectoral.
Escenario uno si no hay declaratoria: el proceso sale del CNE
Si el órgano electoral no emite la declaratoria, el conflicto deja de ser estrictamente técnico y pasa a otro terreno.
Según García, la ley no permite que Honduras quede sin una autoridad que valide los resultados, por lo que se activan mecanismos alternativos.
El primero de ellos es político y altamente sensible: trasladar el tema al Congreso Nacional de Honduras, específicamente a su Comisión Permanente del Congreso Nacional.
Ahí podría conocerse y resolverse la petición de varios partidos de realizar un recuento voto por voto, una decisión que no solo ampliaría los tiempos, sino que elevaría la tensión en un Legislativo ya cuestionado.
Escenario dos: el Congreso como árbitro incómodo
Para García, este segundo escenario no es menor. Trasladar la declaratoria al Congreso implica que una crisis electoral termine en manos de actores políticos, con el riesgo de que el debate se contamine por intereses partidarios.
Aunque el procedimiento estaría amparado legalmente, el costo sería alto: más días sin resultados oficiales, más desconfianza ciudadana y un proceso que dejaría de resolverse en el ámbito estrictamente electoral.
Escenario tres: Gobernación y Justicia entra en escena
La tercera vía, explica el analista, es administrativa. En ausencia de una declaratoria del CNE, la Secretaría de Gobernación y Justicia podría asumir la responsabilidad de validar el proceso y emitir la declaratoria oficial.
Esta opción busca evitar un vacío institucional, pero no está exenta de polémica. Implica que una dependencia del Poder Ejecutivo intervenga en el cierre del proceso electoral, un movimiento que, aunque legal, podría profundizar el debate sobre la independencia y credibilidad del sistema.
Lo que realmente está en juego
Más allá de los escenarios, García insiste en un punto central: la declaratoria electoral no es un trámite, es el acto que cierra el proceso democrático.
Cada día sin resultados oficiales prolonga la incertidumbre, desgasta la confianza ciudadana y deja al país suspendido en una transición que no termina de arrancar.
Con el 30 de diciembre cada vez más cerca, Honduras no solo espera un nombre ganador.
Espera que el proceso se cierre, que la ley se cumpla y que este capítulo de tensión no se vuelva a repetir.
