Ocho magistrados solicitaron sesión urgente del Pleno de la CSJ para conocer los amparos contra el estado de excepción, ampliado a días de las elecciones generales.
Ocho magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitaron este jueves una “convocatoria urgente” al pleno del máximo tribunal para conocer y deliberar sobre los recursos de amparo presentados contra el decreto ejecutivo PCM 37-2025, que amplió el estado de excepción en Honduras a pocos días de las elecciones generales.
La petición fue remitida a la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, y lleva la firma de los magistrados Luis Fernando Padilla; Francisca Villeda Zavala; Walter Raúl Miranda; Nelson Danilo Mairena; Gaudy Alejandra Bustillo; Anny Belinda Ochoa; Isbela Bustillo y Odalis Nájera. Todos pertenecen a distintas salas del Poder Judicial, incluyendo la Sala de lo Constitucional, Sala de lo Penal, Sala de lo Civil y Sala de lo Laboral.
En su escrito, los magistrados subrayan la necesidad de sesionar de manera urgente para atender los amparos interpuestos, argumentando que la ampliación del estado de excepción “incide directamente en el interés público y en el adecuado funcionamiento del sistema de justicia”.
La solicitud señala que la actuación se fundamenta en los artículos 80, 308 y 315 de la Constitución, además de disposiciones del Reglamento Interior de la CSJ, subrayando que es deber del pleno deliberar y resolver en temas que comprometen garantías constitucionales.
Posiciones divididas en la Sala de lo Constitucional
Posteriormente, se confirmó que el pleno de magistrados conocerá el recurso de amparo luego de que la Sala de lo Constitucional se pronunciara por mayoría sobre la suspensión del acto reclamado.
Una de las posiciones dentro del expediente votó a favor de admitir el amparo y suspender el decreto, aunque aclarando que los efectos aplican únicamente para el recurrente y no para toda la población, manteniendo el alcance “inter partes”.
Esa misma ponencia solicitó al Poder Ejecutivo enviar en un plazo de tres días los antecedentes o informes del decreto impugnado.
Sin embargo, otro magistrado presentó voto particular, señalando que el amparo debía admitirse sin suspender el decreto. Según este criterio, el recurso carece de suficiente argumentación jurídica y no demuestra la inminencia ni irreparabilidad del daño alegado.
Un estado de excepción que llega hasta las elecciones
El estado de excepción fue extendido por el Gobierno el pasado 13 de noviembre por 45 días, hasta el 26 de diciembre, bajo el argumento de reducir la criminalidad.
La medida, vigente desde diciembre de 2022, abarca 226 municipios y permite suspender garantías constitucionales. También, autorizar detenciones por sospecha en delitos vinculados al crimen organizado, extorsión, secuestro, asesinato y robo.
La ampliación se aprobó a pocos días de las elecciones generales del 30 de noviembre, cuando más de seis millones de hondureños elegirán presidente, diputados y autoridades locales.
Diversos sectores -organismos internacionales, empresarios, oposición y defensores de derechos humanos- han cuestionado el uso prolongado del estado de excepción y piden su cese, señalando escasos resultados frente al impacto en libertades ciudadanas.
