El supuesto militar y una mujer fueron capturados cerca del lugar donde se encontró el cuerpo de Ana Murillo e incluso tenían en su poder al hijo de esta.
Horas después de que se encontrara el cuerpo sin vida de la joven olanchana Ana Lizeth Murillo Castillo, de 30 años, han comenzado a surgir nuevos detalles del caso violento.
El hallazgo del cuerpo se realizó en horas de la mañana de este martes 30 de diciembre cerca de un reconocido motel en la comunidad de La Empalizada, municipio de Juticalpa, departamento de Olancho, al oriente de Honduras.
De acuerdo con el informe preliminar, el hecho violento ocurrió en un solar baldío del sector, mientras que las causas y el móvil del crimen continúan bajo investigación por parte de la Policía Nacional.

Medios locales informaron que, tras una rápida intervención policial, fueron capturadas dos personas sospechosas, un hombre y una mujer, quienes presuntamente estarían vinculados de forma directa con el asesinato.
Ambos intentaban huir de la escena al momento de su detención.
Según las autoridades, al momento de la aprehensión la mujer detenida portaba a un bebé de apenas tres meses de nacido, quien presuntamente es hijo de la víctima y habría sido raptado tras el ataque mortal.
El menor fue rescatado y puesto bajo resguardo de las instituciones competentes.
¿Quiénes son los detenidos por el asesinato de la hondureña?
Se informó además que el hombre capturado es militar activo, mientras que la mujer habría sido quien ejecutó el crimen, extremo que deberá ser confirmado mediante el proceso investigativo y judicial correspondiente.
El portavoz de la Unidad Departamental de Prevención #15 (UDEP-15), John Arriaga, confirmó a un medio local que los sospechosos fueron trasladados a la posta policial de Juticalpa para iniciar las investigaciones y esclarecer qué hacían con el menor y hacia dónde se dirigían.
“Estando en ese lugar se encontró a dos personas, una del sexo masculino que presuntamente es un militar activo”, especificó el uniform a través de CNC TV Canal 24.

Las autoridades continúan recabando evidencias para determinar las responsabilidades penales de los implicados.



